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RESUMEN
DOCUMENTO JUSTICIA PARA TODOS
ANTECEDENTES GENERALES E INSTITUCIONALES
En Bolivia prevalecen las siguientes características:
-
Extrema desigualdad
-
División étnica y territorial con
limitaciones severas para el control de su población y territorio
-
Desde
la reapertura democrática a partir de 1982 al presente, se han dado
reformas institucionales significativas, pero, no suficientes para
el desarrollo nacional.
Avances Registrados
En 1982, Bolivia inició un proceso progresivo y sostenido de reformas en
materia judicial que con la elección de los miembros de
la Corte Suprema
bajo la idea de fortalecer la independencia judicial.
En la década de los 90s se tuvieron aún más
cambios en materia de reformas:
·
Aprobación
la Ley
del Ministerio Público, que ha permitido avances en el reconocimiento de
su independencia respecto del Poder Ejecutivo.
·
Creación de nuevas instituciones, tales como el Tribunal
Constitucional,
la Defensoría
del Pueblo y el Consejo de
la Judicatura
, y la integración del Tribunal Agrario que significaron una redistribución
de las funciones administrativas y judiciales.
·
Fortalecimiento de las condiciones para la independencia
judicial a través, entre otros, de la transformación de los términos
para la designación de los miembros de
la Corte Suprema
y, en general, de los integrantes de la nueva cúpula judicial.
·
Generación de condiciones para un servicio de justicia más
eficaz y eficiente.
·
Reconocimiento constitucional de las étnias y el carácter
multicultural de Bolivia.
Posterior al cambio constitucional, el
marco legal ha logrado también importantes resultados:
·
Ley de Procedimientos Administrativos
·
Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública.
·
Ley de Conciliación y Arbitraje.
·
Abreviación Procesal.
·
Levantamiento de la obligatoriedad del uso del papel
sellado.
·
Promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal
(NCPP).
·
Reglamento de
la Carrera
judicial.
·
Implementación de un sistema de regulación sectorial como
base de un nuevo régimen de justicia administrativa.
Los ejes que dieron
sentido a estos cambios buscaban en lo fundamental fortalecer la
institucionalización del sistema de justicia, adecuándolo a la nueva
realidad democrática del país y a la necesidad de garantizar un
cumplimiento más óptimo de sus funciones.
En conjunto, los cambios
deberían impactar en una oferta judicial más eficiente, eficaz,
independiente y plegada a la defensa de los derechos, a través, entre
otras, de la aplicación efectiva de
la Constitución. Sin
embargo, el impacto no se dio, tal vez debido a que no se tomó en cuenta la
demanda de la sociedad civil de justicia y a la inadecuada intermediación
de los partidos políticos.
En este sentido, en su discurso de posesión, el Presidente Mesa planteó
lo siguiente:
- Nueva manera de conducir el Poder Ejecutivo sin
someterlo a los dictámenes de los partidos políticos
- Convocatoria a un Referéndum vinculante para
definir el destino del gas y replantear
la Ley
de Hidrocarburos.
- Convocatoria a
la Asamblea Constituyente
para modificar
la Carta Magna
y dotar al Estado de una nueva estructura institucional.
En este marco, la reforma
del sistema de administración de justicia será un factor de primordial
importancia porque a partir de su renovación y modernización se crearán
las condiciones para fortalecer la institucionalización del Estado.
Problemáticas pendientes
- Consolidación de
un sistema político que demanda mayor apertura y acercamiento con la
población para constituir una democracia más participativa con
instituciones con capacidad de respuesta fiable a las demandas
sociales.
- Débil participación de la ciudadanía porque falta
la representatividad y capacidad técnica de grupos de interés y
participación popular (Comités Cívicos, sindicatos laborales y
agrarios, Juntas Vecinales y ONGs).
- Debilidad o ausencia de procedimientos
administrativos de impugnación que permitan al ciudadano –usuario o
vecino- resolver sus dificultades de manera individual y expedita, sin
necesidad de acudir a órganos corporativos.
- Inexistencia de un papel protagónico de las
instituciones académicas –en particular
la Universidad
pública y privada- y de los Colegios Profesionales –como los
Colegios de Abogados- quienes no ejercitan un control adecuado del
producto de los tribunales
- Cobertura de los medios de comunicación social
concentrada en casos de alta visibilidad protagónica, generando
muchas veces innecesaria o indebida presión sobre los jueces, lo que
contribuye a aumentar el fatalismo o la desconfianza en los
tribunales.
SITUACIÓN
ACTUAL SISTEMA JUDICIAL
Cobertura Judicial
- A pesar de un aumento significativo del número de
juzgados, la cobertura de éstos en relación al territorio municipal
sigue siendo limitada.
- La cobertura de los juzgados respecto del territorio
es limitada, llegando sólo a 134 municipios, es decir menos del
sesenta por ciento de los actualmente existentes.
- Se observan déficit especialmente en las ciudades más
relevantes resultándose Santa Cruz con un faltante de 52 Juzgados,
La Paz
y El Alto con 37 y Cochabamba con 12 [1].
- En relación con la población, por cada 12.405
habitantes existe un juzgado, promedio que es uno de los más bajos de
la región andina.
- A nivel de distrito judicial el número de
habitantes por juzgado es mayor en Santa Cruz con 18.120,
La Paz
con 15.464 y Cochabamba con 13.864 personas.
- En términos de ciudades capitales el mayor número
de habitantes por juzgado está en El Alto con 30.113 seguido por
Santa Cruz con 15.993.
- Ausencia de juzgados de paz no letrados, encargados
de impartir justicia conciliatoria, y que son reconocidos por el
sistema oficial.
- El número de jueces entre individuales y miembros
de tribunales colegiados se calcula en 900, mientras los empleados
judiciales suman un total de 2.687
- Existen 10,5 jueces por cien mil habitantes, y en
promedio se contabilizan tres funcionarios por juez, valor este muy
por debajo de otros países de la región [2].
- Las dotaciones de
la Fiscalía
: en 2002, había en el país un total de 419 fiscales, incluido el
Fiscal General, 9 Fiscales
de Distrito, 311 fiscales de materia y 98 fiscales asistentes.
- Los fiscales de materia, bajo el NCPP, fueron
divididos en fiscales liquidadores (para las causas del antiguo
sistema) y fiscales implementadores (para el nuevo sistema).
- Según cifras de
la Fiscalía
, la institución recibió en 2002 un presupuesto equivalente a $us 10
millones [3].
El presupuesto judicial
La mejora en las
dotaciones de personal y número de juzgados se explica en buena parte en
el aumento del presupuesto judicial. Entre 1990 y 1996 la participación
del presupuesto pasó del 0.59% a 1.3% del total del gasto público. A
partir de 1997, dicha participación ha estado sobre el 1.2%. Debe
anotarse, sin embargo, que más de la mitad del presupuesto judicial
proviene de las rentas propias del Poder Judicial.
Como
consecuencia de lo anterior, si bien las retribuciones salariales no han
aumentado de manera sostenida, están en niveles relativamente aceptables
para el sector público y, aún comparado con el sector privado dedicado a
la asesoría legal, aparecen como muy competitivas:
La demanda del servicio de
justicia
El
sistema ha soportado una demanda judicial creciente y sostenida en el
tiempo. Mientras en 1995 el número promedio de causas por cada 100
habitantes era de 1,79, en 2001 fue de 2,45 conllevando un crecimiento de
5,4% anual. Comparativamente, este nivel es similar al de Ecuador y
Venezuela y bajo respecto de Chile, Colombia y Perú.
Entre
1995 y el año 2001, los delitos más reiterados y conocidos por la
administración de justicia, fueron los que atentaban contra la propiedad
con un 63% del total de delitos comunes. Con una gran diferencia se
encontraban los delitos contra la vida y la integridad corporal (7%),
contra el honor (6%), libertad (6%), costumbres (6%), familia (5%), fe pública
(3%), seguridad común (2%) y otros (2%):
Para
el primer año de vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
Se registraron 296 denuncias penales por cada cien mil habitantes. Es
decir, un promedio de 58,5 denuncias por fiscal. Según datos del
Ministerio Público, cada juez del ámbito penal recibió en ese periodo
un promedio de 30 causas nuevas y 109 expedientes acumulados de periodos
anteriores que permanecían archivados y que fueron reabiertos.
La respuesta judicial
La
capacidad de respuesta del sistema varía según ciudad. En las ciudades
capitales y El Alto se comprueba que en el año 2001, Oruro y Potosí
terminaron más causas que las que ingresaron. Sobre el 95% de causas
terminadas en relación a las ingresadas están Chuquisaca, Cochabamba y
Tarija. Los distritos que terminaron menos causas son Beni (69%), seguido
de Santa Cruz (71%), El Alto (75%), Pando (82%) y
La Paz
(84%).
En
términos de productividad y según datos del 2001, los Juzgados de
Instrucción de las capitales y El Alto presentan en promedio el mayor número
de causas resueltas por año, entre 298 y 353, mientras los Juzgados de
Instrucción de Provincias resuelven entre 158 y 206. Los Juzgados de
Partido presentan rendimientos marcadamente menores con causas resueltas
por año entre 117 y 182 para las ciudades capitales y El Alto. En última
instancia, están los Juzgados de Partido de provincias, con 47 y 104
causas resueltas. Visto de manera desagregada según ciudades, los
juzgados que tienen un mayor número de causas resueltas son los de
Cochabamba con 539 causas, El Alto con 412 y los de Santa Cruz con 400. En
provincias, los juzgados que tienen en promedio mayor número de causas
resueltas son los de
La Paz
con 142 causas, seguido por Santa Cruz con 138 causas y Chuquisaca con 133
causas... En los últimos cinco años el número de causas resueltas ha
crecido de manera sostenida presentándose una baja para 2001:
HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Hasta el presente se
entendió como desarrollo institucional el aumentar la capacidad de gestión
de las reparticiones públicas por medio de una mayor eficiencia, eficacia
y transparencia, con los siguientes resultados:
·
Dotación de una renovada conducción y gerencia
·
Apropiación de tecnología y sistemas modernos de
comunicación que lograran detener y superar el entendimiento y las prácticas
tradicionales de la política.
·
Generoso apoyo financiero y técnico proveniente de la
cooperación internacional para la modernización de la administración pública,
fruto de todo ello se dieron significativos avances que permitieron
establecer al régimen democrático.
Sin embargo, la tarea no
esta concluida y se trata ahora avanzar con mayor decisión en el camino
de las reformas institucionales que constituyen todavía esfuerzos
divididos. Ciertamente, de manera generalizada y con pocas excepciones,
las prácticas políticas premodernas, tales como el caudillismo y la
incapacidad de diferenciar aspectos privados de los públicos, afectan
este trayecto de institucionalidad, con corrupción y una administración
ineficiente y burocrática. Este extremo se expresa no sólo en el
gobierno central, sino que inclusive se ha extendido a los niveles
descentralizados de la administración pública
y, peor aún, a diversos espacios de interrelación entre los
sectores público y privado.
A pesar de la estabilidad
económica lograda a partir de la implantación de
la Nueva Política
Económica (NPE), aún:
- Existe una excesiva tolerancia con la economía
informal
- Existe una relación mercantilista entre sectores de
la economía formal con los actores políticos
- Subsiste la ingerencia política y la debilidad del
Estado para elaborar leyes creíbles con aplicación nacional.
- Persiste un bajo nivel de valoración cultural de la
empresa y los empresarios sobre una verdadera cultura productiva.
En este contexto, es necesario incorporar las diferentes dimensiones
históricas y culturales y la noción de conflicto social presentes en la
construcción de la nación boliviana y que se expresan en la persistencia
de la informalidad en sus diversas manifestaciones. De lo que se trata,
por lo tanto, es de comprender las diversas historias que se disputan
entre el Estado y la sociedad civil, asumir el conflicto social como parte
constitutiva de la política e incorporar la informalidad como el
insumo para la formulación de las nuevas reglas del juego.
CONTEXTO EN EL QUE SE DEFINE
LA REFORMA JUDICIAL
La Reforma Judicial
es una condición básica para la consolidación del Estado de Derecho.
Empero este gran propósito no se cumplirá si simultáneamente no se
crean las condiciones para lograr mayores alcances en el desarrollo económico,
humano y la reducción de la pobreza posibilitando el aumento de
capacidades y oportunidades para alcanzar un mayor bienestar, a la vez de
reforzar las capacidades humanas a través de la educación y la salud,
promover el empleo, disminuir las inequidades y la pobreza y dar mayor
participación a la mujer.
El Estado de Derecho,
entendido la vigencia plena de los Derechos Humanos y sus garantías, es
fundamental para fortalecer no sólo la democracia, sino también para
promover el respeto a los derechos y el desarrollo humano. Así, pues, los
últimos conflictos suscitados en Bolivia evidencian que la democracia es
la forma de vida que la ciudadanía eligió y defiende, pero no debe
olvidarse que la lucha por la sobre vivencia puede romper cualquier
compromiso con ésta. La percepción ciudadana muestra un cansancio muy
fuerte en temas como el de la corrupción de funcionarios públicos y
actores políticos. Más aún, al haber una marcada división étnica y
lingüística en el país se corre el riesgo que la brecha de la
desigualdad aumente favoreciendo a los grupos de poder en detrimento de
los grupos vulnerables. Esta desproporción es vista, por ejemplo, en la
administración de justicia cuando los emigrantes campesinos no pueden
sostener sus causas, al margen del factor económico, por su
desconocimiento y poca habilidad para desenvolverse con el castellano.
Aquí
cabe destacar que el derecho al pluralismo político y cultural que
reafirme la libertad y el respeto a la dignidad humana, no se dan únicamente
con la mediación, representación y participación política, sino que
además requiere de la implementación de un adecuado control social del
uso del poder y la plena vigencia de la ley como principio de justicia. Se
debe recalcar que, no obstante los avances en procura de la
institucionalización del aparato estatal, el Poder Judicial está inmerso
en el debate sobre las políticas públicas que beneficien a la población.
La reforma judicial, por ello, se torna necesaria y urgente para
fortalecer al Estado de Derecho, y para brindar la seguridad jurídica a
la ciudadanía.
La actual
administración gubernamental tiene como prioridades:
- Continuar con la reforma judicial, entendiendo que
ésta requiere cambios profundos y difíciles que afectan a diversas
instituciones de la sociedad civil.
- Promover efectivamente la seguridad jurídica que
posibilite las condiciones para la modernización del país y permita
responder a las expectativas de la ciudadanía en cuanto a
transparencia, idoneidad y lucha contra la corrupción.
A lo
dicho, cabe agregar que, con la implementación de la reforma judicial, se
estarían creando las condiciones para la necesaria paz social y el
ejercicio de los derechos fundamentales ciudadanos. Este proceso de cambio
requiere un sostenido y fuerte apoyo político que precisa replantear la
mentalidad y cultura política tanto de la ciudadanía como de los actores
políticos para la renovación de todos aquellos valores necesarios en
este nuevo escenario.
En este propósito, el
concepto que acompaña a la reforma judicial es el de “Justicia para
Todos” con el que se busca garantizar no sólo la independencia y
coordinación de los Poderes del Estado
sino y, sobre todo, universalizar el acceso a la justicia para el
conjunto de los ciudadanos bolivianos especialmente de los grupos más
excluidos y postergados, así como promover la seguridad jurídica para
que la igualdad ante la ley respete la diversidad existente.
El Poder Judicial es una
de las instituciones de primordial importancia en el país porque en su
estructura se puede apreciar su diversidad, vale decir, sus grupos étnicos,
sus múltiples culturas y sectores sociales. Si bien el sistema judicial
boliviano se formó en base a los parámetros legados por las teorías jurídicas
europeas, que se tiñeron de características positivistas en su concepción
y aplicación, no se puede seguir ignorando los sistemas originarios y
comunales de justicia tradicional ni la profunda renovación a la que está
siendo sujeta a partir de las reformas estructurales.
El Poder Judicial con la
implementación de doctrinas contemporáneas y la incorporación de
tecnología, puede lograr algunos avances importantes. Pero, no se trata
solamente de adaptar las prácticas o instituciones extranjeras, sino
también de recuperar aquellas que resulten más convenientes y se
conjuguen, en lo posible, con el reconocimiento a los sistemas de justicia
de las comunidades andina y amazónica que tienen sus propios parámetros,
cuya legitimidad es indiscutible. Se pretende lograr así la inclusión de
grandes sectores de la población hasta ahora desprovistos de
reconocimiento del Estado sobre sus formas tradicionales, tratando de
evitar con ello los excesos en los que se incurre, como por ejemplo, los
linchamientos.
ESTRATEGIA DE
LA REFORMA JUDICIAL
: JUSTICIA PARA TODOS
La Estrategia
de
la Reforma Judicial
se asiente en tres Pilares Fundamentales:
Democracia – Estado de Derecho – Sistema de
Justicia, aspectos relacionados interdependientemente.
La Democracia
, en tanto forma que permite la libre e igualitaria participación dela
ciudadanía, posibilita también que las Leyes sean la expresión de los
intereses y las expectativas de los ciudadanos.
El Estado de Derecho hace eferencia a las reglas de juego que enmarcan
y sujetan la acción del Estado y establecen los términos de relación
entre éste y los ciudadanos. Las normas que rigen a un Estado, haciéndolo
de derecho antes que legal, son aquellas que reconocen los derechos
humanos, crean mecanismos para su garantía efectiva.
El Sistema Judicial, en razón de estos componentes debe ser eficaz,
eficiente e independiente de manera tal que pueda garantizar la seguridad
jurídica y el acceso a la justicia.
OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
- Facilitar el acceso efectivo a la justicia para
todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, privilegiando a los
grupos más marginados y menos favorecidos.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
REFORMAS HORIZONTALES
REFORMAS MARCO NORMATIVO
1)
Política
Legislativa del Poder Judicial
-
Crear una Comisión de técnica legislativa del
poder judicial
-
(Revisión y Control de los Textos Normativos y
de las Iniciativas de Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo y el
Congreso Nacional)
-
Establecer un plan estratégico
-
(Revisión
de
la Legislación
vinculada al Sector Justicia y Establecimiento de una Agenda de
Coordinación con el Poder Legislativo para el tratamiento de los
Proyectos de Ley vinculados al Sector Justicia).
-
Formular
políticas públicas como base y orientación de las Reformas
Legislativas (criminal, seguridad ciudadana y otras).
2)
Propuestas Legislativas
-
Elaborar un anteproyecto de Ley de Organización del Poder
Judicial. (Integrar en un solo texto normativo las actuales Leyes de
Organización del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Consejo de
la Judicatura
y continuar su trámite de Aprobación en el Congreso Nacional)
-
Modificar
la Ley
del Ministerio Publico. (Hacer posible un proceso de selección
competitivo de Fiscales de Distrito y poder desarrollar el sistema de
carrera fiscal).
-
Efectuar una última
revisión de los anteproyectos de Códigos Civil y Comercial.
(Tratamiento Legislativo)
-
Introducir
el proceso por audiencia (oralidad) en la jurisdicción civil,
aplicando el principio de intermediación entre partes.
-
Redactar
La Ley
del Contencioso Administrativo (Establecer la descentralización de
dicho proceso y disminuir concentración de demandas en
la Corte Suprema
de Justicia).
-
Separar
las normas de organización de las de carácter procesal en una Ley de
Procedimientos Constitucionales.
-
Crear
una Comisión Técnica Legislativa del Poder Judicial.
-
Implementar
inmediatamente la desjudicialización de algunos procesos.
-
Formular
un Plan de Acción Estratégico e integrado, a nivel técnico, jurídico
y administrativo para la implementación de las carreras judicial y
administrativa.
Norma Transitoria
-
Ajustes de carácter organizacional, sustantivo procesal, para mejorar rápidamente
el servicio judicial;
-
Inmediata desjudicialización o descentralización de algunos procesos
jurisdiccionales;
-
Ampliación del plazo transitorio de la prescripción de las causas que
están bajo el antiguo procedimiento;
-
Ajustes de orden normativo/orgánico procesal para mejorar prácticas
procesales y rendimientos de servicio;
-
Ajustes en el régimen recursivo judicial en el nuevo Código Tributario;
-
Capacidad para desjudicializar y desburocratizar
áreas de servicio:
-
Mejoras
de las normas que aplican los jueces, ya que existen normas mal
redactadas o cuya vigencia simultánea es contradictoria; y
-
Ajustes en competencias para abrir el acceso a la justicia en municipios y
áreas rurales y para redistribuir la capacidad de servicio.
Concordancia con normativa internacional.
- Precisión normativa de ubicación de los tratados
en el ordenamiento normativo nacional con referencia expresa a su
reconocimiento y efectos interpretativos; y,
- Capacitación judicial por parte del Instituto de
la Judicatura
en materia de estos tratados para su aplicación efectiva en los
procesos judiciales.
Fortalecimiento de la gestión del Sistema de Carrera judicial y Carrera
Administrativa
1)
Ajustar el
marco jurídico
·
Modificación, coherencia e integralidad entre la ley 1718
del Consejo de
la Judicatura
y el Reglamento de
la Carrera Judicial.
·
Elaboración de una fundamentación jurídica que valide y
haga operativo el Reglamento de
la Carrera Administrativa.
2)
Mejorar la capacidad de gestión
·
Formular un plan de acción estratégico e integrado a nivel
técnico, jurídico y administrativo para la implementación de las
carreras judicial y administrativa.
·
Impulsar la descentralización o desconcentración de las
instancias responsables de la carrera judicial en las unidades
distritales.
·
Estudiar la posibilidad de la terciarización, operativización
interna o la creación de un programa para dar viabilidad a la implantación
de la carrera administrativa.
·
Garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de
la Judicatura.
·
Generar el liderazgo político para el impulso y promoción
del sistema de carreras.
3)
Desarrollar
de manera integral el sistema de carreras
·
Elaboración de un sistema (matriz) integrado de personal,
y,
·
Ajuste y complementación de los subsistemas y funciones de
las carreras judicial y administrativa.
REFORMAS DE ORGANIZACIÓN
1)
Implementación de Sistemas SAFCO – SIGMA.
·
Adoptar las decisiones de política institucional y
suscribir y ejecutar los convenios interinstitucionales requeridos para su
desarrollo;
·
Revisar y/o actualizar los requerimientos presupuestales de
la implementación;
·
Conformar los equipos y definir las autoridades responsables
para su implementación de acuerdo a lo previsto en el Plan Estratégico
Informático, y,
·
Realizar las actividades previstas y descritas en el Plan
Estratégico Informático en tres etapas:
1ª.
Etapa: Actividades previstas a la implantación relativas a
infraestructura tecnológica, capacitación y ajuste de procesos y
procedimientos
2ª.
Etapa: Implantación del SIGMA en el CJ, en delegaciones distritales y en
los Tribunales Constitucional y Agrario
3ª.
Etapa: Ampliación de cobertura con la réplica de las actividades de
implantación de los módulos iniciales en los demás módulos.
SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTIÓN POR RESULTADOS
Reformas en la gestión y administración de juzgados
Un primer componente de gestión y organización administrativa que
incluye la implementación de:
- Ordenamiento territorial de juzgados;
- Modelo de gestión y organización de juzgados;
- Reformas a las normas adjetivas y sustantivas;
- Módulos básicos de prestación del servicio de
justicia en los que se encuentren todos los servicios jurisdiccionales
(juzgados, fiscalía, defensoría, policía); y,
- Establecimiento de juzgados de paz no letrados y de
naturaleza conciliatoria.
Un segundo componente denominado soporte informático del modelo de
gestión que requiere de ajustes a los sistemas informáticos
existentes, así como de actualizar el Plan Estratégico Informático.
·
Sistemas de Información de nivel operativo constituidos por
los actuales sistemas, JURIS, IANUS y SIJAC que pertenecen a una categoría
de software denominado (CTS) o Sistema de Seguimiento de Causas.
- Sistemas de Información de nivel táctico o de
control, constituidos en esta propuesta por herramientas OLAP (On Line
Analitical Processing) que actúan sobre las estructuras de datos
existentes en los CTS.
- Sistemas de Información de nivel estratégico,
constituidos por metodología y software para implementación de
indicadores de cumplimiento de meras estratégicas.
- Sistemas de Información Documental conformados por
herramientas de software para consulta de legislación y
jurisprudencia.
Sistema de Control de Gestión por resultados.
- Implementar un proceso de mejoramiento continuo de
calidad en la mayor cantidad de procesos posibles en el Poder Judicial
(gestión de juzgados y gestión administrativa)
- Establecer y validar indicadores en forma
participativa, particularmente con quienes son responsables no sólo
de proveer información al momento de su recolección, sino sobre todo
con quienes son objeto del indicador propuesto.
- Establecer metas progresivas e incrementales a lo
largo de períodos seleccionados de manera participativa y
consensuada.
E-government
- Publicidad de las causas.
- Sistema centralizado de notificaciones y casilleros
judiciales.
REFORMAS VERTICALES
CONSEJO
DE
LA JUDICATURA
1) Reorganización del Consejo de
la Judicatura.
- Validar la propuesta de Reforma (por el Consejo,
jueces, actores políticos y sociales sin los cuales tal reforma es
inviable e insostenible).
- Implementar la propuesta de estructura
organizacional elaborada por DPK
2) Flexibilización del marco legal
- Establecimiento de un marco normativo general y
flexible de organización que le permita adaptarse a los cambios, para
lo que se requiere modificaciones a su Ley y a
la Ley
de Organización Judicial.
3) Mecanismos de coordinación y consulta con
el Poder Judicial
- Mecanismos de coordinación para consulta del
Consejo de
la Judicatura
con otros órganos del Poder Judicial, lo cual precisa definir una
propuesta concreta.
4) Función disciplinaria del Consejo
- Estudio dirigido a determinar las reformas
requeridas en los procedimientos disciplinarios que permita una mayor
transparencia de los procesos.
Derechos Reales
1)
Coordinación de programa y proyectos vinculados al tema
registral
·
Realizar un relevamiento detallado de todos los programas de
cooperación existentes, particularmente en el Gobierno Central, entidades
descentralizadas y Gobiernos Municipales.
·
Establecer una comisión de coordinación interinstitucional
entre representantes de los organismos de cooperación internacional y las
entidades estatales vinculadas al catastro y registro de derechos, para
suscribir acuerdos de intervención conjunta.
·
Elaborar entre todas las instituciones un programa nacional
de fortalecimiento institucional en materia catastral y de registro, que
comprenda un marco metodológico y tecnológico de aplicación común
entre los proyectos de cooperación.
1)
Intervención en procesos o servicios vulnerables
·
Para disminuir prácticas corruptas en los procesos o servicios de
registro es necesario trabajar con las estructuras normativas, tecnológicas
y organizativas, pero también y no por ello menos importante, a nivel de
códigos, prácticas e instituciones informales.
Para un primer estado de intervención,
se recomiendan acciones tales como:
Adecuación del marco normativo
Ajuste organizacional y de gestión.
Sistemas Informáticos.
Evaluación del Desempeño.
Fortalecimiento de los recursos
humanos
MINISTERIO PÚBLICO
1) Marco Normativo.
·
Consolidar la independencia del Ministerio Público mediante
el ajuste y modificación de su marco normativo en aquellos artículos que
atentan contra la autonomía.
2) Reforma Organizacional e Institucional
·
Diseñar un plan de reingeniería organizacional conformando
una Comisión Especial en la que tengan participación algunas
organizaciones de la sociedad civil.
·
Diseñar e implementar una nueva estructura administrativa
orientada a la eficiencia y gestión por resultados.
·
Institucionalizar el Ministerio Público para fortalecer su
capacidad organizativa, técnica y operativa.
·
Poner en funcionamiento el Instituto de Investigaciones
Forenses y, la creación de
la Unidad
de Poyo Técnico (UAT), como órgano e instancia que fortalezcan la
capacidad de investigación y preparación de casos de los fiscales.
3) Promoción del Cambio
·
Formular de una estrategia de comunicación institucional
que optimice la coordinación intra e interinstitucional y mejore su
imagen institucional considerando:
·
Conformar el Comité Interinstitucional de seguimiento y
consolidación de
la Reforma Procesal
Penal;
·
Diseñar e implementar una estrategia de comunicación
institucional;
·
Implementar la plataforma de Atención al Público a nivel
nacional; y,
·
Diseñar e implementar
la Dirección
de Coordinación.
·
Concientizar al sistema político sobre la necesidad e
importancia de la independencia y autonomía del Ministerio Público.
4) Apoyo tecnológico y de Infraestructura
- Fortalecer la infraestructura, equipamiento y apoyo
logístico;
- Elaborar un proyecto de desarrollo y dotación de
infraestructura;
- Elaborar un plan de equipamiento y mobiliario para
fiscalías, Instituto de Investigaciones Forenses e Instituto de
Capacitación;
- Dotar de equipos a fiscalías de provincia, al
Instituto de Capacitación e Instituto de Investigaciones Forenses;
- Diseñar un plan de dotación de parque automotor.
SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA
1) Diseñar e implementar un
plan de fortalecimiento institucional inmediato que comprenda:
- Estrategia de coordinación intra e inter
interinstitucional;
- Sistema institucional de capacitación sostenible;
- Unidades Multidisciplinarias de Asesoramiento
permanente especializado;
- Creación del Centro Nacional de Información;
- Creación de un fondo Especial para gastos de
peritaje y presentación de recursos.
2) Desarrollar una política
y estructura salarial enmarcadas en las disposiciones de
la Ley
2496, que garantice la uniformidad en las diferentes categorías de
cargos.
·
Dotarse en el corto plazo, de infraestructura técnica y
tecnológica: líneas telefónicas y servicio de Internet; infraestructura
apropiada tanto a nivel urbano como rural; equipos de computación y
mobiliario adecuado; sistemas de comunicación; vehículos y medios de
transporte, y sistemas informáticos integrados.
V. JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
Para el fortalecimiento de la defensa del Estado se
propone:
·
Creación de
la Procuraduría Pública.
·
Estudio para el diseño institucional de
la Procuraduría.
·
Estudio para implementar el diseño institucional de
la Procuraduría.
·
Estudiar la posibilidad de crear un Consejo de Defensa del
Estado, dependiente directamente del Presidente de
la República
a cargo de la defensa judicial de los intereses del Estado.
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