DISCURSO-INFORME 2008

(Inauguración del Año Judicial 2008)

  Fecha: 03 de enero de 2008

Señoras y Señores….

En cumplimiento al mandato supremo de la Ley y del pueblo boliviano, una vez más, en mi condición de Presidente del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en representación de los señores Ministros y del Poder Judicial, me corresponde brindar al país un informe de nuestros actos y proceder, con la solemnidad que el caso exige, a la Apertura del Año Judicial, correspondiente a la gestión que comienza, tomando en cuenta que actos similares a éste se realizan en todos los Distritos Judiciales del territorio nacional.

La oportunidad me permite expresar, de manera puntual y decidida que, pese a la tormenta que arrecia contra la integridad de la nación, con un vendaval de posiciones encontradas, poniendo en riesgo los cimientos de la institucionalidad democrática, es mayor nuestra fortaleza y convicción de luchar por preservar el Estado de derecho y la constitucionalidad, como única forma de asegurar la convivencia pacífica y civilizada entre todos los bolivianos.

La presencia en este acto solemne de altos dignatarios del Estado boliviano, así como de dignísimas personalidades nacionales, departamentales y locales, ratifica el profundo espíritu democrático que, pese a las adversidades, prevalece en la conciencia de nuestro pueblo, la convicción de velar, por encima de todas las cosas, la vigencia de la legalidad. También es de ponderar el propósito común de lograr los consensos y los acuerdos necesarios para imaginar un país para todos; sin exclusiones ni mezquindades, reconociendo nuestras diferencias y fortaleciendo nuestras potencialidades, para garantizar un mejor futuro a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

Si bien, con la apertura del año judicial se pone en marcha todo el sistema de este poder del Estado para el cumplimento de sus tareas jurisdiccionales, la peculiar circunstancia del momento histórico le asigna a este acto un valor simbólico, en procura de ofrecer al país la paz social, la certidumbre política, la seguridad jurídica y la garantía de solidez en sus instituciones, legalmente constituidas.

El Supremo Tribunal hace votos porque este recinto, cargado de historia y mística profunda, se constituya en un espacio de reflexión y de reencuentro para hacer de la Patria el hogar sagrado de un destino común y venturoso para todos. El país debe saber, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que en el cumplimiento de nuestra función, no nos anima otra cosa que no sea el servicio a la sociedad boliviana, con sometimiento estricto al imperio de la Ley y la defensa de la verdad y de la justicia.

Es evidente que los procesos de cambio que empieza a vivir la nación nos colocan en escenarios absolutamente diferentes al próximo pasado. Las dos Bolivias que emergen peligrosamente en la cima de nuestra historia, demanda de los tres poderes del Estado y de toda la sociedad boliviana, la mayor lucidez y la capacidad de comprensión y adaptación a los nuevos tiempos para convertir los grandes desafíos en grandes oportunidades.

Con esa esperanza, el año 2006, el pueblo boliviano apostó una vez más por la construcción de un nuevo y verdadero pacto social en el máximo escenario democrático, como es la Asamblea Constituyente. Confió en la capacidad y cultura del diálogo y de concertación que tanto se pregona. Creyó en la palabra de los cambios históricos y cifró sus esperanzas en la consolidación de un Estado soberano, soñando con una Patria nueva, incluyente y auténticamente unida, respetando nuestra diversidad.

Sin embargo, los persistentes actos, acusados de ilegalidad, y los hechos de confrontación violenta de los últimos meses, constituyen otro punto de inflexión en nuestra historia. De esos episodios, en algunos casos, extremadamente dramáticos, debemos aprender a mirarnos de frente, a dejar de mentirnos y a ser capaces de afrontar los grandes desafíos del futuro.

Toda Constitución es la expresión histórica, social, cultural y filosófica de un país. Es el resultado de un verdadero pacto social, de un tejido de propuestas de todos los sectores sociales, institucionales y personales de la comunidad toda.

Es, entonces, cuando se da este proceso democrático de diálogo abierto, de debate agudo y respetuoso que vivimos un proceso de libertad y democracia. Para eso, no es preciso alejarse de la legalidad, tampoco es prudente encerrarse en claustros castrenses. “Hoy, mas que nunca –decía Mariano Grondona- la Constitución tiene que ser el resultado del pacto social y no una estrategia política en la que podemos triunfar, pero nunca construir y menos crecer”. Ciertamente, aún estamos inmersos en un proceso que no ha concluido y, quizá, haya tiempo para enmendar los errores.

“Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos”, decía Napoleón Bonaparte. Nuestra democracia está fatigada y demanda, con urgencia, el concurso de todos para alentar una esperanza sobre la base y consolidación de un Estado de Derecho, preservando la garantía en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que permitan la libre e igualitaria participación de la ciudadanía en general.

El país, está consciente de los sacrificios que implican los procesos de cambio que trae aparejada una nueva Constitución Política del Estado; así como también está consciente de la exclusión social y la ausencia histórica de cohesión, que han configurado un país de grandes desequilibrios en su desarrollo. Pero ello, no puede ser razón suficiente para el quiebre de la unidad nacional. Si bien la transformación institucional de los últimos veinte años ha sido fundamental en la consolidación del sistema democrático, es todavía insuficiente.

Después de las agobiantes jornadas de octubre de 2003, de junio de 2005 y las que acabamos de vivir en los meses pasados, en el Poder Judicial tenemos la certidumbre inequívoca de que las propuestas, iniciativas y planes para modificar sustancialmente el rumbo de la administración de justicia en el país, tienen otro escenario y otros actores que deben participar en el diseño y aplicación de un nuevo modelo jurídico, acorde a la realidad actual.

Es la fuerza de esta nueva realidad y la decisión inquebrantable del pueblo boliviano que nos convoca a todos quienes abrazamos el derecho y hemos sido llamados a administrar justicia para que se puedan conjugar los esfuerzos que configure el nuevo país al que aspiramos.

Se dice que el valor de una sociedad se define, no sólo por su actitud frente al futuro, sino también por su compromiso con el pasado. La historia no es menos reveladora que el porvenir. Nadie está interesado en reeditar un pasado dramático que ha dejado luto y llanto en el pueblo boliviano, pero es este pasado el que debe señalarnos el rumbo de un futuro menos desafortunado y más esperanzador; dignificando la justicia, como el valor supremo de la nación.

Decía el Dr. Luís Paz Arce, presidente del Supremo Tribunal en 1927, “ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia, que sirve de fundamento a las libertades públicas y a los derechos y garantías de los ciudadanos”. Esta cita alude a la necesidad de que la sociedad en general tenga una mirada distinta de la justicia, casi siempre maltratada y deshonrada.

La justicia es un valor universal y un derecho fundamental de los seres humanos, por lo que no puede existir una sociedad organizada donde la justicia no sea valorada en su verdadera dimensión.

Dignificar la justicia significa honrarla y respetarla, observando el cumplimiento de los fallos y resoluciones, bajo el imperio de la Constitución y las leyes de la República. Para dignificarla es preciso que el Estado le otorgue las condiciones favorables, en términos económicos y políticos, fortaleciendo sus instituciones y propiciando un ambiente de respeto a la majestad de la justicia.

Sin embargo, el año 2007 quedará en la memoria del pueblo boliviano, como el año de profundas tensiones y sobresaltos que repercutieron en los distintos órganos del Estado boliviano, y muy particularmente en el Poder Judicial. Como muy pocas veces en la historia republicana, este poder del Estado, por la incomprensión de sus actos, fue víctima del atropello y la injuria que denigró de manera sistemática la honorabilidad personal de sus autoridades y de sus instituciones, llevando al extremo de provocar la suspensión de una Ministra y la renuncia de TRES magistrados del Tribunal Constitucional, creando con ello serios perjuicios en el procesamiento de causas y dejando al país en la orfandad jurídica de control constitucional.

Frente a estos hechos, de abierta agresión al Poder Judicial y vulneración de los derechos fundamentales, de manera inédita, en actos absolutamente legítimos de protesta, este poder del Estado demandó el respeto a nuestras instituciones democráticas y a preservar la dignidad de la justicia.

No es de extrañar que más de las veces, sin razón alguna, el Poder Judicial hubiera sido blanco de los ataques más despiadados, al ser calificado como el poder más corrupto, más débil y más vulnerable; sin darse cuenta que con ello se está malogrando la integridad institucional y poniendo en riesgo la vigencia del Estado de derecho. Al parecer, lo que se pretende, decía hace algunos años un alto magistrado del supremo tribunal venezolano, es que al Poder Judicial se lo someta al poder político y complazca en sus aspiraciones e intereses. La coerción moral que muchas veces se ejercita contra los jueces tratará siempre de suplantar la digna función judicial.

Somos conscientes de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones; pero, mucho más conscientes estamos de nuestra misión,…la que no siempre es bien comprendida. Lamentablemente, los magistrados de hoy, como los de ayer y los del mañana, estaremos siempre expuestos a ser envueltos en el torbellino de pasiones humanas, desde el momento en que nuestras decisiones necesariamente tienen que afectar intereses de unos en contra de otros.

Dado que la República inicia hoy una nueva etapa en su historia, conviene recordar que nuestra democracia habrá de consolidarse en la medida en que seamos capaces de comprender y respetar la doctrina universal de la independencia de los poderes. En todas las constituciones democráticas modernas ha sido proclamada como garantía esencial de la justicia, la independencia de los jueces y de la magistratura...

La independencia del juez sólo puede asumir su pleno significado en las democracias que se apoyan en el principio de la separación de poderes. Este, indudablemente, es un tema recurrente; más aún hoy cuando la ciudadanía exige la más absoluta transparencia y eficiencia en la administración de justicia. Si no existe una real división de responsabilidades entre los poderes de un mismo Estado, no tiene sentido hablar de democracia y mucho menos de un Estado de Derecho.

Por supuesto, no es tarea fácil hablar de la independencia del Poder Judicial, “con frecuencia confundido, débil, domesticado, dividido y acosado”, como diría el profesor Pedro Sagûez, pero el asunto es todavía más claro si se tiene en cuenta que el equilibrio de los poderes se constituye en un requisito ineludible para garantizar una democracia sustentable.

Está claro que, por mandato de la Constitución, la función jurisdiccional es mucho más que administrar justicia en los asuntos planteados ante los diversos tribunales y, desde luego, bastante más que aplicar la letra muerta de la ley para resolver dichos conflictos. “Impartir justicia, requiere de gran competencia e independencia total como todas las magistraturas”. Así quedaron grabadas las sabias palabras de su Santidad Juan Pablo Segundo, al saber que en algunos países democráticos la independencia de los jueces estaba siendo afectada por intereses vedados, ajenos a los naturales propósitos y esfuerzos de fortalecerla.

Si se mira la independencia del Poder Judicial, no como un fin en si mismo, sino como un medio para lograr otro fin, es obtener una decisión justa, ecuánime y libre de toda presión, intromisión e injerencia interna o externa. En definitiva, exenta de toda amenaza, improperio e interferencia proveniente de intereses políticos que, sin medir el impacto del poder circunstancial, son capaces de dañar a la dignidad e independencia de un Poder que está llamado a actuar con ecuanimidad, honestidad, transparencia y objetividad.

La administración de justicia es la depositaria de los derechos humanos, los derechos fundamentales y los valores jurídicos que consagran la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales y las leyes de la República. El perfil del Juez tiene que estar a la altura de esa gama de valores que tiene por misión proteger.

Por ello, nos preguntamos, ¿Qué garantía puede ofrecer un abogado que jamás ha ejercido la judicatura o la docencia universitaria y que toda su vida la ha dedicado a la política?. ¿Qué independencia puede tener un juez en el desempeño de su función si por el sistema de elección y remoción está subordinado a los grupos de poder?, a sabiendas además de que quienes resultasen elegidos como jueces, probablemente sean los más propensos en caer en la corrupción y distorsión de los fallos.

Por tanto, rechazamos todo tipo de injerencia e intromisión en los actos jurisdiccionales, vengan de donde vengan, exhortando a los otros poderes del Estado el respeto a la norma legal y los fallos judiciales. No admitimos, de ninguna manera que en abuso de autoridad o del poder circunstancial, se transgreda los principios constitucionales, requiriendo a los jueces informes sobre el fundamento o razón de sus fallos; siendo así que los jueces están obligados a responder ante el imperio de la ley, de su conciencia y la divina providencia.

La independencia de la judicatura es el sustento fundamental de un Estado de derecho. Su conservación y desarrollo, constituyen la garantía para evitar el sometimiento a otros poderes y quienes la integren puedan ejercitar su propia independencia, con arreglo a la conciencia, interpretando fielmente la Constitución y las Leyes, y asumiendo nuestra indeclinable responsabilidad de preservarla.

El Estado Democrático de Derecho supone, entre otros valores, la existencia de una serie de normas jurídicas que regulen el desenvolvimiento de la sociedad, garantizando y promoviendo los derechos ciudadanos y la seguridad jurídica para su crecimiento y desarrollo integral. En esa línea, pese a las enormes limitaciones de recursos y condiciones, asumimos el desafío y el compromiso cotidiano con la entrega y dedicación que ponemos en la resolución de causas.

El derecho al pluralismo político y cultural que reafirme la libertad y el respeto a la dignidad humana, no se dan únicamente con la mediación, representación y participación política, sino que además requiere de la implementación de un adecuado control de la sociedad, del uso del poder y la plena vigencia de la ley como principio de justicia.

En ese sentido, la administración gubernamental, como la instancia legislativa, conjuntamente este poder del Estado, tenemos las siguientes prioridades:

El Poder Judicial, con la implementación de doctrinas contemporáneas y la incorporación de nuevas tecnologías, puede lograr algunos avances importantes. Pero, no se trata solamente de adaptar las prácticas o instituciones extranjeras, sino también de recuperar aquellas que resulten más convenientes y se conjuguen, en lo posible, con el reconocimiento a los sistemas de justicia de las comunidades andina y amazónica que tienen sus propios parámetros, cuya legitimidad es indiscutible, como mecanismos de solución alternativa de conflictos, en un ámbito territorial propio y aplicable a los miembros de cada comunidad, bajo una ley especial que se refiera a los niveles de coordinación y cooperación con la justicia ordinaria.

Se pretende lograr así la inclusión real y práctica de grandes sectores de la población, hasta ahora desprovistos de reconocimiento del Estado, sobre sus formas tradicionales, que hacen a su esencia cultural, tratando de evitar con ello los excesos en los que se incurre, como por ejemplo, con los linchamientos o los intentos de “hacerse justicia con sus propias manos”, en lo que parece territorio sin ley y sin justicia.

En tanto la seguridad jurídica sigue siendo un ideal que reclama mayor coordinación entre los poderes del Estado y los órganos jurisdiccionales, la seguridad ciudadana, clama por la severidad de las leyes para hacer frente a una escalada de violencia, cuya causa y origen puede estar en la crisis económica, en las profundas desigualdades sociales, en la inmoralidad, alentada por señales de impunidad, pero fundamentalmente en las limitaciones que aún persisten en el ejercicio oportuno y eficiente de la justicia.
Nuestra Suprema Corte, ha traspasado el umbral de la deshonra, con la satisfacción de haber recuperado una imagen de probidad y honestidad, que ahora la reconocen propios y extraños.

SITUACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Con los antecedentes descritos, voy a permitirme dar cuenta al país, de manera breve, del estado de situación del Poder Judicial, destacando los esfuerzos que viene realizando para el fortalecimiento del sistema judicial.

En los meses de junio y septiembre del año que concluye, dejando de lado los prejuicios, realizamos dos reuniones nacionales que permitieron analizar la realidad de la justicia en Bolivia. De aquellos encuentros asumimos que en un sistema democrático, la obligatoriedad de los derechos y libertades, requiere de un marco legal e institucional que asegure la justicia para todos.

Se constató que, a pesar de las muchas reformas realizadas a nuestro sistema judicial, los bolivianos continuamos enfrentando obstáculos en el acceso a una justicia ágil e imparcial. Hemos advertido que debemos encarar los servicios inadecuados, los insuficientes recursos económicos para la justicia y la policía, las demoras en los procesos judiciales y la percepción de la falta de independencia y transparencia del sector judicial.

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental en un sistema democrático, que tiene por objeto garantizar los derechos de todos por igual. Para ejercer los derechos y las libertades, el acceso a la justicia es el principal derecho, el más importante de los derechos humanos. Así lo considera la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que los Estados tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y todas sus estructuras para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Es un sentir clamoroso del Poder Judicial de un presupuesto racionalmente adecuado a las exigencias de atención de justicia de la sociedad boliviana. De los 317 municipios del país, la justicia apenas tiene una cobertura del 60 por ciento; es decir, que nuestro déficit en las provincias es de algo más del 40 por ciento.

En la ciudad del Alto, por ejemplo, por cada 130.000 habitantes se tiene un solo Juez de Familia; en forma similar podemos decir de la ciudad de Santa Cruz, en la que un Juez en lo Penal prácticamente atiende a una población de más de 60.000 habitantes. Un cálculo global arroja que en el país hay menos de 10 jueces por cada 100.000 habitantes.

El déficit de defensores de oficio y médicos forenses es mucho más delicado; como es terriblemente alarmante el presupuesto económico que nos asigna el Estado, con relación a la demanda nacional. Necesitamos un mayor número de jueces en todas las materias, tanto para las Capitales de Departamento como para Provincias, así como la necesidad urgente de crear los juzgados de paz, como mecanismos de conciliación.

Ante este panorama, el Poder Judicial de Bolivia no se ha conformado con demandar del Ejecutivo un mejor presupuesto; sino que en base a su propio diagnostico ha buscado otras iniciativas; entre las que podemos mencionar:

En ese sentido, cumplo en transmitir públicamente el reclamo de las Cortes de Distrito al Consejo de la Judicatura, respecto a las convocatorias de postulantes a Jueces y Funcionarios Judiciales. Se pide, y así debería hacerse, descentralizar las convocatorias hacia las Direcciones distritales del propio Consejo, para evitar la excesiva demora en estos trámites y proceder oportunamente a las designaciones.

Estas son algunas de las tareas que nos hemos trazado, gracias a la iniciativa y propuestas que surgieron de los Encuentros de las máximas autoridades del Poder Judicial, desarrollados en los meses de junio y septiembre de 2007, de los que participaron, el Presidente y Ministros de la Corte Suprema, Vocales de Cortes Superiores, Vocales del Tribunal Agrario Nacional y la Asociación de Magistrados y Jueces del país.

El Poder Judicial es una de las instituciones de primordial importancia en el país, no sólo porque en su estructura y función se puede apreciar el entramado social y cultural de nuestro pueblo, sino por constituirse en uno de los cimientos fundamentales de la democracia.

Si bien el sistema judicial boliviano se formó en base a los parámetros legados por las teorías jurídicas europeas, que se tiñeron de características positivistas en su concepción y aplicación, no se puede seguir ignorando los sistemas originarios y comunales de justicia tradicional ni la profunda renovación a la que está siendo sujeta a partir de las reformas estructurales.

En este propósito, insistimos, ahora más que nunca, en la necesidad de reivindicar el plan de “Justicia para Todos”, con el que se busca garantizar, no sólo la independencia y coordinación de los Poderes del Estado sino y, sobre todo, el acceso a la justicia para todos los ciudadanos bolivianos, especialmente de los grupos más excluidos, desprotegidos y postergados, así como promover la seguridad jurídica para que la igualdad ante la ley respete la diversidad existente.

De la Justicia Ordinaria

Sin pretender un detalle de todo el quehacer jurisdiccional ordinario, permítanme señalar que, pese a los sobresaltos provocados por la tensión política, que afectaron particularmente a la Corte Suprema de Justicia, durante la gestión 2007 se ha logrado disminuir sustancialmente la mora procesal.

La actividad jurisdiccional ordinaria, que comprende la materia civil, comercial, familiar, de la niñez y adolescencia, laboral y seguridad social, coactiva civil, fiscal, social y penal, representa el más elevado porcentaje del total de causas atendidas en el Poder Judicial. Estamos hablando de más de 370 mil causas ingresadas a lo largo del año 2007, que son atendidas por los distintos órganos jurisdiccionales, en todo el territorio nacional; habiendo sido resueltas algo más del 50 por ciento.

En el caso concreto de la Corte Suprema de Justicia, corresponde destacar el esfuerzo de todos y cada uno de los señores ministros en las Salas Especializadas del Supremo Tribunal que, pese a las acefalías, que fueron subsanadas recién a mediados de año, con la designación de cuatro Ministros, a quienes saludamos de manera especial, ha logrado resolver durante la gestión que acaba de concluir más de 3.000 expedientes; de acuerdo al siguiente detalle:

Es también de ponderar el esfuerzo de Sala Plena que, durante la gestión 2007, alcanzó a resolver un total de 300 expedientes, al margen de los seis juicios de responsabilidades a ex -dignatarios de Estado, con acusación formal del Ministerio Público, y que están siendo tramitados en el marco de las normas legales establecidas.

De la Jurisdicción civil, Comercial y Familiar

Por los datos obtenidos, la jurisdicción civil, comercial y familiar representa el más alto porcentaje de las causas atendidas en el Poder Judicial. Al igual que en ocasiones anteriores, y ahora con mayor nitidez, se establece la urgencia de actualización de las normas sustantiva y procesal, por adolecer de obsolescencia y cierto grado de anacronismo. Los proyectos de modificación de los Códigos Civil y de Comercio están pendientes de su aprobación en el Congreso Nacional. Situación similar se presenta con el caso de la Ley 1760, destinada a la abreviación procesal y prevención en la retardación de justicia.

Dado que los códigos requieren de un tratamiento cuidadoso, su discusión y consiguiente aprobación no pueden estar librados al criterio personal o al interés político sectario, reiteramos nuestra sugerencia: que el Poder Legislativo cuente en su seno una “Comisión Codificadora en Materia Judicial”, respaldada por el Poder Judicial, el foro y la academia, con carácter permanente y sostenible para promover la legislación adecuada a los tiempos y la realidad nacional

De la Jurisdicción Penal

Dada la confusión permanente sobre las competencias de los órganos judiciales en esta materia, cabe reiterar que, por mérito de la Ley 1970, los roles del Juez y del Ministerio Público están claramente definidos. Es decir, presentada la imputación formal, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, toman el control jurisdiccional del proceso, como tribunal de garantías Constitucionales, resguardando el desarrollo legal del debido proceso, respetando los derechos y preservando las garantías de las partes; tal y como viene sucediendo en los casos de los juicios de responsabilidades que se siguen contra ex –altos dignatarios de Estado.

A propósito, cabe informar que al momento están radicados en el Supremo Tribunal, con acusación formal, seis juicios de responsabilidades; cuyo inicio de debates, en el primer caso, está previsto para este mes. Se espera que estos procesos, de extraordinaria importancia para la memoria histórica del pueblo boliviano y la vigencia plena del Estado de Derecho, tengan el tratamiento oportuno y adecuado, en cumplimiento estricto de la norma Constitucional y las leyes de la República…. Ese es el compromiso de este Alto Tribunal de Justicia de la nación y en ello estamos empeñados.

De la Jurisdicción Laboral y Contencioso-Administrativo

Sin duda, otra de las áreas de mayor carga procesal es justamente la jurisdicción laboral y contencioso-administrativo. Por ello, la ley del Código Procesal Laboral, en cuyo contenido se propone la supresión del recurso de casación, de manera que los juicios laborales terminen en las Cortes Superiores de Distrito, tienen una singular importancia.

Con relación al Proyecto de Ley de Procedimiento Contencioso-Administrativo y Tributario, que ha contado con la cooperación internacional de USAID y la Agencia Española AECI, desde el año 2005 continúa pendiente de tratamiento en el Congreso Nacional. Como se sabe, dicho proyecto obedece a la resolución Congresal que encomienda a este Poder del Estado resolver el vació legal, provocado por la Sentencia Constitucional en la que se declara inconstitucional las atribuciones ejercidas hasta entonces por el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia Tributaria, en esta materia.

De la Justicia Constitucional:

La creación del Tribunal Constitucional ha sido, tal vez, uno de los mas grandes aciertos en los últimos 25 años de vida democrática. No fue fácil la delimitación de sus competencias. Han tenido que pasar varios años, en debates profundos, para comprender que el Tribunal Constitucional, es garante de la salvaguarda de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales en el país. Es indudable que el control de la constitucionalidad es, hoy en día, la mayor garantía de seguridad jurídica de los Estados. La principal muestra de su valioso aporte a la justicia es que, en los escasos 10 años de vigencia, han sido cientos y miles de procesos que han recibido una sentencia, acorde al mandato constitucional.

Sin embargo, es de lamentar que la terquedad política haya empañado la trayectoria de uno de los órganos del Poder Judicial con gran mérito jurisdiccional.

La forzada renuncia de TRES Magistrados, al influjo de un extraño proceso judicial en su contra; ha puesto al Tribunal Constitucional al borde del colapso y el desmoronamiento de la institucionalidad. El 2007, se ha caracterizado por el sobresalto y el temor desatado entre Magistrados y funcionarios de ese órgano judicial, por los reiterados atentados a sus dependencias. El último de ellos, el más violento, dejó como saldo lamentable dos guardias de seguridad heridos y parte de la fachada destrozada por efecto de dinamitazos.

Ningún sistema democrático de derecho, que se precie de tal, puede romper la estructura del órgano constitucional y menos cancelar su funcionamiento, porque eso significa vulnerar el poder constituido; pues, una medida de semejante dimensión no afecta a sus integrantes sino que va a poner en riesgo el vigor y la eficacia de la tutela y protección efectiva de los derechos y las garantías de toda la población boliviana.

Por tanto, al encontrarse anulado el Órgano Constitucional, con solo dos magistrados, demandamos al Poder Legislativo impulse la elección y nombramiento inmediato de magistrados para llenar las acefalías que actualmente alcanza al número de cinco titulares y tres suplentes, a efecto de evitar la retardación de justicia constitucional

De la Judicatura Agraria:

La judicatura agraria es un ámbito jurisdiccional que día a día adquiere una mayor importancia para el país. Durante la gestión 2007, el Tribunal Agrario Nacional, conjuntamente los juzgados agrarios en el país, ha logrado resolver más de 1.800 expedientes, lo que representa algo más del 60 por ciento, de un total de 3.000 causas ingresadas.

La enorme desigualdad que se registra en la distribución de la tierra en Bolivia es, todavía, una profunda herida que “no termina de cerrar y daña”. La obligación de saldar esta deuda interna, incorporando a los hombres y mujeres del campo a la vida nacional, posibilitó la promulgación de la Ley No. 03464, de 2 de agosto de 1953, más conocida como la Ley de Reforma Agraria. A partir de entonces, la denominada “reforma administrativa, por cuanto aún la dilucidación de derechos correspondía al Consejo Nacional de Reforma Agraria”, que respondía en forma directa a las instrucciones del Presidente de la República, resultó un precedente funesto en la distribución de la tierra, generando injusticias y desigualdades, de características similares o peores que los tiempos precedentes a la Reforma.

Fue recién hasta el 18 de octubre de 1996, con la promulgación de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, que posibilitó la creación del Tribunal Agrario Nacional, incorporando la justicia agraria al Poder Judicial.

Sin embargo, dado que al Tribunal Agrario se le ha otorgado la facultad de conocer directamente en casación las causas resueltas por los jueces agrarios, sin la fase previa de resolución de recursos de apelación por las respectivas Cortes Superiores de Justicia, se ha quebrado la regla de la doble instancia, que caracteriza al principio del debido proceso. Por lo que la Corte Suprema ha sugerido, en su propuesta a la Asamblea Constituyente, “establecer la incorporación plena de la Judicatura Agraria al sistema de jurisdicción ordinaria”.

Sin embargo, al margen de la propuesta, el Tribunal Agrario Nacional, en los escasos 8 años de vigencia, se ha constituido en un importante referente de solución institucional en materia agraria, posibilitando eliminar las injusticias y las grandes asimetrías históricas en esta materia.

En ese propósito, ante la necesidad de contar con un instrumento procesal que recoja los principios y sentido social de la materia, con la cooperación internacional de España, el Tribunal Agrario Nacional tiene elaborado el proyecto de Ley Procesal Agraria que, en su primera versión, fue remitido al Congreso Nacional para su respectivo tratamiento y aprobación.

Asimismo, en el marco de la Ley 3345, de modificaciones a la Ley 1715, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, el tribunal Agrario ha emitido la circular a los Jueces Agrarios, a objeto de que estos den cumplimiento a la disposición que establece la ampliación de competencias para conocer acciones personales, reales y mixtos, derivados de la propiedad-posesión y actividad agraria.

Del Consejo de la Judicatura

De las actuaciones de mayor trascendencia durante el año 2007, del Consejo de la Judicatura, destacamos las siguientes:

A todo esto, debo agregar que el Consejo de la Judicatura suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Red Participación y Justicia, organización de representación nacional, asociando a más de cincuenta instituciones dedicadas al trabajo por la justicia, el fortalecimiento de la democracia participativa y la consolidación de los procesos democráticos nacionales, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y la Comisión Andina de Juristas para la realización del programa “Juzgados Voluntarios Transparentes” que se encuentra en ejecución, en su primera fase, en los Distritos Judiciales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Del Instituto de la Judicatura de Bolivia

La formación y capacitación de recursos humanos en el Poder Judicial constituye una de sus prioridades para garantizar la dotación de jueces y funcionarios idóneos y capaces en la administración de justicia. De ahí que, durante la gestión 2007, el Instituto de la Judicatura de Bolivia ha desarrollado importantes eventos académicos que se traducen en la realización del Cuarto Curso de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Judicial, que cuenta con la participación de 27 profesionales abogados para Jueces Instructores Mixto en provincia. También se ha lanzado la convocatoria para el Séptimo Curso de Formación Inicial para otros 45 abogados profesionales.

Por otra parte, gracias al convenio suscrito con el Centro de Estudios de Post-grado e Investigación de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, se viene desarrollando la Maestría a Distancia en Administración de Justicia, iniciada en junio del 2006 y se tiene previsto concluir en marzo de 2008.

Asimismo, a fin de brindar un servicio académico de capacitación permanente, eficiente y eficaz a las necesidades de los señores vocales y jueces que forman parte del sistema jurisdiccional se realizaron diversos cursos a las áreas de Coordinación Constitucional, Civil y Penal.

El Instituto de la Judicatura prosigue en la realización de eventos de capacitación para el área NO jurisdiccional, dictando las bases fundamentales para el fortalecimiento del Poder Judicial, la implementación de la justicia plural, el registro judicial de antecedentes penales y muchos otros que contribuyen al perfeccionamiento del sistema judicial en el país.

De la Mutualidad del Poder Judicial

Dejando constancia que las gestiones 2005 y 2006 la Mutualidad del Poder Judicial ha tenido que enfrentar el pago de una cantidad muy grande de prestaciones, en la pasada gestión ha mostrado una leve mejoría, con la posibilidad de algún excedente.

De acuerdo con la información proporcionada se han pagado prestaciones de Capital Social de Retiro y Fondo de Compensación por 519 casos; y Auxilio Mortuorio, por 41 casos. El monto total pagado por las tres prestaciones equivale a la suma de 24 millones de bolivianos.

Por otra parte, la Segunda Asamblea Nacional Ordinaria de la Mutualidad, realizada en noviembre de 2006, decidió la creación de un bono anual a favor del sector pasivo, denominado Mutual Solidario, consistente en la distribución de una parte de la rentabilidad anual generada por las reservas constituidas por el ex Fondo de Pensiones del Poder Judicial, que es la base patrimonial sobre la que se creó la Mutualidad del Poder Judicial y Ministerio Público.

Tomando en cuenta lo señalado, el pago total por concepto de Prestaciones, Bono Mutual Solidario al sector pasivo y los Anticipos con cargo al Auxilio Mortuorio al sector pasivo, alcanza a la suma de casi 28 millones de bolivianos.

Con relación a las tasas de interés en los préstamos a sus afiliados, la Mutualidad determinó la rebaja de 10% al 9% anual, la que sería variable en función de las fluctuaciones de la Tasa de Referencia (Tre) del Banco Central de Bolivia, y la tasa técnica determinada para la Mutualidad, actuarialmente, aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

El convenio suscrito con AEROSUR tiene plena vigencia; habiéndose ratificado en el precio de los boletos aéreos, con un descuento de un 20 por ciento, con espacios confirmados, y del 50 por ciento, sujeto a espacio, a favor del funcionario judicial, su cónyuge e hijos menores de 18 años de edad, e incluso nietos menores de 18 años de edad.

Asimismo, se han suscrito otros acuerdos con otras empresas, como farmacias, hoteles, servicios ópticos, laboratorios clínicos y centros de diversión y esparcimiento como Aqualand y Cine Center en la ciudad de Santa Cruz.

De esta manera, creemos que la Mutualidad del Poder Judicial viene cumpliendo, los objetivos para los cuales ha sido creada: constituirse en una entidad solidaria y de protección de los intereses del funcionario judicial.

En otro tema, tanto la Corte Suprema de Justicia, como los distintos órganos del Poder Judicial, durante la gestión 2007, han realizado diversas actividades que dan cuenta de su compromiso con la sociedad y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

La Corte Suprema de Justicia, conjuntamente los demás órganos del Poder Judicial, ha mantenido una presencia significativa en los foros internacionales que permiten, además del fortalecimiento de nuestras relaciones con los órganos judiciales de países amigos, la actualización y el intercambio de experiencias que inciden en la aplicación de normas y convenios supra-nacionales para el perfeccionamiento de nuestro sistema judicial.

Sin duda, en un mundo cada vez más globalizado, el relacionamiento de nuestras instituciones con sus similares de otros países, permite la permanente actualización en los procesos de información jurídica y modernización de nuestro sistema judicial. Por ello, quiero anunciar que, en el marco de la Celebración de los 200 años de la Gesta Libertaria del 25 de Mayo de 1809, el Máximo Tribunal de Justicia tiene previsto convocar a un Encuentro de los Presidentes de Cortes Supremas de América Latina en la Capital de la República, con el propósito de afianzar nuestras relaciones y fortalecer la vigencia plena del Estado de Derecho y el equilibrio de los poderes en nuestros Estados.

En ese marco, de mayor relacionamiento internacional, cabe destacar el apoyo permanente y sistemático de las Agencias de Cooperación Internacional y de países amigos al sistema judicial. Agradezco a la Agencia Alemana de Cooperación, la GTZ, por su apoyo permanente y sistemático a la capacitación de jueces y tribunales y haber contribuido a la incorporación en la página Web de todas las sentencias, Autos de Vista y Autos Supremos en Recursos de Apelación Restringida en el nuevo sistema acusatorio, para el precedente en la materia.

Igualmente, agradezco a la Agencia Checchi, de USAID/Bolivia por su apoyo en la Sistematización de Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema; que a la fecha contiene más de 7.600 Autos Supremos, evacuados por las Sala Penales del Supremo Tribunal, correspondientes a las gestiones 2001-2007, donde esta clasificada la doctrina legal aplicable, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal. Esperamos que, a partir de la segunda quincena de febrero de este año, este accesible en la página Web de la Corte Suprema de justicia.

No puedo dejar de agradecer la ayuda de la Agencia Española de Cooperación (AECI) en muchos temas vinculados a la administración de justicia. Particularmente, destaco su apoyo en el estudio e instalación de la Oficina de Relaciones Internacionales, que tendrá la responsabilidad en atender las solicitudes de exhortos, extradiciones y otras medidas preventivas que sean requeridas en el plano de la Cooperación Internacional de Iberoamérica. A ello se suma la importante cooperación para la puesta en marcha de la carrera judicial.

Entre otras actuaciones de trascendencia, citamos:

Una de las facetas importantes del Poder Judicial, y particularmente de la Corte Suprema es la producción intelectual. Tanto los señores Ministros, Magistrados y Consejeros de la Judicatura, haciendo una pausa en sus labores jurisdiccionales, dedican un tiempo a la investigación y al estudio científico del derecho.

Entre esas producciones me permito destacar: “Los acuerdos de la Real Audiencia de los Charcas”, publicación lograda conjuntamente el Archivo y Biblioteca Nacionales y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación.

Asimismo, destaco la reedición del libro “Discursos de los Presidentes en su Fundación y en la Apertura de los Años Judiciales de 1859 a 1927. La publicación del cuarto número de la revista “Diálogo Jurídico”, y el Boletín de Información Jurídica de la Corte Suprema, además de otros importantes documentos demuestran los grandes esfuerzos que se realizan para contribuir al estudio en las ciencias jurídicas. Es importante señalar que la ardua labor desplegada por nuestra gestión, desde el año 2005, se verifica en las diversas publicaciones que coadyuvan a las atareas de investigación y el análisis de la doctrina jurídica y la jurisprudencia.

En el ámbito bibliográfico, es satisfactorio informar de la importante donación realizada por la familia del Dr. Oscar Frenking Salas, ex –Ministro de la Corte Suprema de Justicia de un lote de libros de la biblioteca personal de tan ilustre jurisconsulto. Los más de 700 títulos, referidos fundamentalmente a la ciencia del derecho, sumados a los 100 libros, adquiridos con recursos propios, enriquecen el acervo de nuestra biblioteca, que está al servicio de una diversidad de usuarios internos y externos a la Corte Suprema.

Termino indicando que la última Sala Plena del año 2007, por mandato de la Ley fueron designados los señores Conjueces del Máximo Tribunal de Justicia, posesionados el día de hoy, y determinó que la Vacación Judicial para la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a la gestión 2008, correrá del día 23 de junio al 13 de julio, dejando cinco días que será utilizados en el receso de fin de año.

EXHORTACION FINAL

Sé que este momento, por el que atraviesa la nación, no admite actos formales de registro histórico, ni gestos de voluntades insensibles. Nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos no van a comprender jamás que hayamos sido unos viejos heroicos o bien-intencionados, sin que se les haya legado un horizonte de oportunidades. Tengamos por seguro que, los que vienen, van a reclamarnos responsabilidad histórica de heredarles una democracia en serio, un país digno y soberano y una sola nación que cobije a todos nuestros hijos. Si les dejamos otra derrota, les estaremos dejando otra deuda impagable.

Como toda obra humana, el Poder Judicial tiene sus luces y sus sombras, sus grandes virtudes y sus defectos. Sin embargo, el Poder Judicial, al constituirse en pilar fundamental del Estado de Derecho y bastión de la democracia, debe ser visto como el símbolo de la igualdad y el respeto, porque bien se sabe que, donde hay justicia hay democracia y, donde hay democracia, está vigente el Estado de Derecho.

Si bien, el Poder Judicial no ha tenido la suerte de alcanzar un perfil propio y consolidado, es tiempo en que los tres poderes del Estado, en igualdad de condiciones y con un profundo respeto a la institucionalidad, podamos ofrecer al país y a la sociedad boliviana la certidumbre en el ejercicio pleno de sus derechos y de sus deberes democráticos y pido, para ello, al Honorable Congreso Nacional restituir, a la brevedad posible, el control efectivo de la constitucionalidad, designando a los Magistrados titulares y suplentes de ese órgano judicial.

Por ello, tal como lo hice hace un año, una vez más, convoco a una Cumbre de los Tres Poderes del Estado para que, en el marco del más absoluto respeto, busquemos juntos los mecanismos de coordinación y de entendimiento entre todos los bolivianos, preservando la paz, la unidad y el fortalecimiento del sistema democrático.

Hoy, por lo tanto, no es el momento del testimonio de dónde y cuanto hemos aprendido a amar y a odiar, hoy es el momento de la responsabilidad histórica con la democracia y con todo aquello que implica la vigencia de la unidad y la integridad de la nación.

Para ello, siendo éste el momento más oportuno del entendimiento y de la comprensión, desde este foro, pensando en la patria que habremos de heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos, convoco a gobernantes y gobernados a la paz social, al diálogo franco y abierto; dejando de lado la prepotencia, la soberbia y la intolerancia para diseñar juntos un país más justo y más solidario.

Señoras y señores, pueblo boliviano, la circunstancia excepcional por la que atraviesa la nación; intentando reescribir su historia, requiere del concurso de todos. La Nueva Bolivia que empieza a nacer, con el ímpetu fortalecido de esperanzas y buenos augurios de cambio, no necesita de mártires, sino de hombres y mujeres dispuestos a construir un futuro de entendimiento, con lenguaje nuevo, donde el interés supremo de la nación se imponga al interés personal o particular. Invoco a la sensatez democrática de gobernantes y gobernados, buscando en paz un mejor destino para nuestro pueblo.

Para terminar, y a tiempo de dejar profundo testimonio de reconocimiento al esfuerzo infatigable de todos y cada uno de los señores Ministros, de los señores Magistrados, Vocales, Jueces y funcionarios de todos los distritos judiciales del país; sin pretender arrogarme el papel de guía, invoco a Dios para que, en su inmensa sabiduría, ilumine a nuestros gobernantes y proteja a nuestro pueblo; superando los rencores, desechando la revancha y los odios, mirando al futuro para pensar en la construcción de un país sin exclusiones, más justo, más equitativo, más solidario y más próspero.... Esta es nuestra oportunidad histórica para hacer de Bolivia el país que siempre hemos soñado…

A tiempo de declarar inaugurado el Año Judicial 2008, pido a Dios nos colme de sus bendiciones……Muchas gracias….